El 6 de octubre de 1934 en Cataluña

Josep A. Vidal

Durante a penas medio día, entre las 20 horas del día 6 de octubre de 1934 y las 7 horas de la mañana siguiente, Cataluña estuvo constituída en Estado. Los hechos y su contexto, narrados brevemente, son éstos.

La Segunda República Española, que, tras su proclamación en 1931, inició un período reformista con el objetivo de modernizar y democratizar el país, provocó inmediatamente la reacción de las fuerzas conservadoras y de derechas, que se opusieron a todos y cada uno de los ejes fundamentales de la reforma política: el proceso de laicización del Estado mediante la separación de los poderes político y eclesiástico, la descentralización política mediante una serie de procesos autonomistas y la aprobación del Estatuto de Cataluña en 1932, la reforma agraria, la reforma militar, el sufragio femenino... La conspiración contra la República empezó de inmediato. Los partidos políticos de derechas buscaron la connivencia con el fascismo europeo; los movimientos obreros –también en la oposición por considerar que las reformas de la nueva República no daban satisfacción cumplida a sus aspiraciones– radicalizaron las acciones revolucionarias y anarquistas.

Las elecciones parlamentarias de noviembre de 1933 fueron ganadas en España por la coalición de derechas formada por los radicales de Alejandro Lerroux –un demagogo españolista cuya trayectoria política va desde la práctica de la demagogia anarquista y obrerista y el anticlericalismo a principios de siglo hasta las posiciones conservadoras e igualmente demagógicas, patrioteristas y españolistas que exhibió durante el período republicano– y la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) de José María Gil Robles –monárquico, procedente de los sectores católicos conservadores y afín a los postulados del fascismo europeo–, que, habiendo obtenido un número insuficiente de parlamentarios, dio su apoyo a la formación de gobierno por Lerroux. El triunfo de las derechas inaugura el llamado Bienio Negro, cuya nefasta trayectoria política no se verá frenada hasta febrero de 1936 por la victoria de la coalición de izquierdas del Frente Popular.

En Cataluña, donde el gobierno de izquierdas presidido por Lluís Companys está llevando a cabo el despliegue del Estatut en vigor desde diciembre de 1932, el Parlamento aprueba, en marzo de 1934, la Llei de contractes de conreu, una modesta reforma agraria que favorecía o regulaba el acceso de los campesinos a la propiedad de la tierra. Aunque esta ley, en realidad, blindaba la defensa de la propiedad privada ante probables pretensiones colectivistas o socializadoras de las explotaciones agrarias, los grandes propietarios –integrados en el Institut Agrari Català de Sant Isidre– la consideraron un ataque frontal a sus prerrogativas y privilegios y la impugnaron ante el Tribunal de Garantías Constitucionales de la República Española, que la revocó, desautorizando así al la cámara legislativa catalana. En Cataluña, las posturas se radicalizaron y las reivindicaciones campesinas, obreras y nacionales confluyeron en una causa, en cierto modo, común.

La resolución del Tribunal contra la ley aprobada por el Parlamento catalán alegando la incompetencia de la institución catalana para aprobarla, era un ataque a las aspiraciones nacionales catalanas, que veía nuevamente obstaculizado el desarrollo del margen de autonomía que le concedía un Estatuto ya de por sí muy desnaturalizado. Por esta razón, las aspiraciones nacionalistas e independentistas se radicalizan también. No obstante se inician negociaciones entre el gobierno catalán y el gobierno de la República, cuyo consejo de ministros estaba entonces presidido por el valenciano Ricardo Samper, para intentar la recuperación de la ley sancionada. Pero las negociaciones encaminadas a resolver el conflicto entre ambas instituciones chocaron con la oposición de la CEDA, que veía en ellas una muestra de debilidad del gobierno español.

El 1 de octubre, Samper cede definitivamente a las presiones de la CEDA y presenta su dimisión. Esto supone una remodelación del gabinete de gobierno de la República y la cesión de varias carteras ministeriales a miembros de la CEDA.

Los sectores conservadores, derechistas y profascistas de la sociedad española alimentaban, desde antes de 1933, la esperanza de que Gil Roble, el líder cedista, se pusiera declaradamente al frente de un movimiento antirrepublicano y diera un golpe de Estado de signo totalitario. Por eso, la entrada de la CEDA en el gobierno de la República suscitó una reacción revolucionaria inmediata entre las fuerzas de izquierda y las organizaciones obreras y nacionalistas. Este estallido a la defensiva se tradujo en la llamada a la huelga general, que obtuvo respuesta en todo el territorio nacional. Sin embargo, en dos puntos de la geografía española el movimiento de defensa ante la involución que el gobierno de la CEDA hacía temer tomó un cariz singular: Asturias y Cataluña.

En Asturias, donde la minería era la fuerza obrera principal y donde el socialismo tenía una larga y arraigada ascendencia sobre el movimiento obrero, la huelga desencadenó un movimiento insurreccional que cristalizó en la proclamación de la República de Obreros y Campesinos de Asturias, de carácter socialista. Los obreros, que en guardia por el triunfo de las derechas en 1933 habían hecho previsiones de una acción revolucionaria, y organizados en comités revolucionarios, se apoderaron de los puestos de la Guardia Civil, de las fábricas de armas y de la dinamita de las minas, y constituyeron el llamado “Ejército Rojo”, que se puso en pie de guerra.

La reacción del gobierno de la República Española fue inmediata, iniciando una violenta represión que, tras dos semanas de lucha, puso fin a la sedición. El asalto sin cuartel de las fuerzas gubernamentales, formadas por tropas de la Legión y el cuerpo de Regulares llegadas de Marruecos bajo el mando de los generales Manuel Goded y Francisco Franco, se saldó con más un número de muertos que, dejando al margen el baile de cifras entre los historiadores, se cuenta por varios centenares muertos, probablemente cerca de 2000, y una represión implacable de las organizaciones obreras.

El episodio de Asturias fue, en opinión de muchos, el prólogo o el primer capítulo de la Guerra que estallaría apenas dos años más tarde, el 18 de Julio de 1936, a raíz del golpe de Estado contra la legalidad republicana. Y lo fue tanto por la participación del ejército de África, como por la presencia de sus generales, que liderarían más tarde la sedición, como por el hecho de haber servido de trampolín al general Franco en su carrera militar, que al cabo de pocos meses de estos hechos fue nombrado Jefe del Estado Mayor, como por la brutalidad empleada en el asalt y la represión del movimiento revolucionario.

En Cataluña, el acceso de la CEDA al gobierno hizo suponer no sólo el fracaso de las negociaciones para salvar la Llei de contractes de conreu y la reforma agrària a ella vinculada, sino también la culminación de la campaña que contra el Estatuto de Autonomía y contra la autonomía misma de Cataluña había llevado a cabo sistemáticamente desde el primer momento la formación liderada por Gil Robles. Las expectativas eran funestas: en una España gobernada por la CEDA la autonomía de Cataluña tenía los días contados.

Por eso, el 6 de octubre, cuatro días después de la constitución del nuevo gobierno y apenas dos días después del estallido insurreccional de Asturias, el presidente de Cataluña, Lluís Companys, decidió anticiparse a los malos augurios y proclamó el Estat Català de la República Federal Española, una opción que ya había considerado desde meses atrás, cuando empezó a hacer algunas previsiones y planes que, llegado el momento de la verdad, resultaron totalmente inconsistentes.

También en el caso de Cataluña la reacción del gobierno de la República de Alejandro Lerroux fue inmediata: la declaración del estado de guerra en Cataluña, la toma de posiciones por parte del ejército –bajo las órdenes del general Batet, capitán general de Cataluña, que no aceptó las órdenes del Presidente de la Generalitat–, el asedio a las instituciones de gobierno y la represión. El presidente Lluís Companys, con los miembros del gobierno de Cataluña, fue detenido y encarcelado, primero en un buque de la Armada, el "Uruguay", de donde fue luego trasladado al penal del Puerto de Santa María (Cádiz) para cumplir los 30 años de prisión a que fue condenado. El Estatuto de Cataluña quedó sin efecto y se instauró en Cataluña un régimen de excepción en manos de los radicales lerrouxistas y la CEDA con la aquiescencia de la Lliga, el partido conservador que amparaba los intereses de la burguesía y de los terratenientes; se incautaron tierras a los campesinos, fueron represaliados los dirigentes agrarios y del movimiento obrero; se clausuraron publicaciones, se disolvieron ayuntamientos, se impuso el castellano como lengua de la Administración en Cataluña, se tomó el edificio del Parlamento catalán y fue dedicado a funciones militares... Al mismo tiempo, el gobierno de la República iniciaba un programa de demolición sistemática de todos los progresos conseguidos –que no eran muchos– en el período 1931-1933.

En febrero de 1936, no obstante, caído el gobierno de derechas después de un sinfín de escándalos financieros y de corrupción, triunfó en las elecciones la coalición de izquierdas Frente Popular. Este triunfo supuso el restablecimiento del Estatuto de Cataluña y, en virtud de una amnistía, la recuperación de las instituciones de gobierno catalanas y la liberación de Lluís Companys y los políticos catalanes prisioneros. A su regreso a Barcelona, en un discurso ardoroso y patriótico, Companys hizo una afirmación que la historia ha conservado: "Tornarem a lluitar, tornarem a sofrir, tornarem a vèncer" (volveremos a luchar, volveremos a sufrir, volveremos a vencer).

La vuelta a la situación anterior al régimen de excepción significó la entrada en vigor de la Llei de Contractes de Conreu. Esta vez la Lliga Catalana aceptó, aunque, como es de suponer, sin ningún entusiasmo, la puesta en práctica de una ley que, no obstante, volvería a ser abolida en 1939, tras el triunfo de las fuerzas franquistas y la llamada España Nacional, una España surgida de un golpe de Estado contra la legalidad republicana.

Después de febrero del 36, mientras Alejandro Lerroux se instalaba en Portugal, donde permaneció hasta 1947 y desde donde dio tácitamente su beneplácito al franquismo. José María Gil Robles, aún en España, alentaba y animaba el levantamiento militar que finalmente se produjo el 18 de Julio de aquel año. Estallada la guerra, el dirigente de la CEDA pasó a Francia, desde donde fue a dar también en Portugal y ahí fue miembro del Consejo Privado de Don Juan de Borbón, Conde de Barcelona y padre del actual rey de España, Juan Carlos I; en los primeros años de la década de 1950, regresó a España, donde, desde posiciones democristianas y monárquicas, mantuvo una cierta oposición al régimen franquista; en 1977 participó, sin éxito, en las primeras elecciones de la recién estrenada democracia del posfranquismo.

Lluís Companys siguió al frente del gobierno de Cataluña durante la guerra, hasta que en 1939 pasó a Francia siguiendo el camino del exilio. Allí fue detenido por agentes de la Gestapo y entregado a España, donde fue torturado, encarcelado, sometido a un consejo de guerra, condenado a muerte y fusilado en uno de los baluartes del castillo de Montjuïc, en Barcelona.

Murió descalzo. Dicen que quería sentir bajo las plantas de sus pies la tierra catalana... Dice también alguno de sus biógrafos que, después de los interrogatorios y las torturas, le resultaba imposible calzar zapatos... Dicen también que gritó “Per Catalunya!” antes de caer abatido por las balas...

Era el 15 de octubre de 1940.

Hoy, a punto de cumplirse los 70 años de aquel hecho infame, a punto de cumplirse 25 años de democracia en España, todas las iniciativas y reclamaciones llevadas a cabo ante las instituciones democráticas españolas para conseguir la anulación del Consejo de Guerra a Lluís Companys han fracasado.